El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia ha condenado a un abogado murciano a pagar 30.000 euros a Francisco Riquelme, el registrador de la propiedad de Santa Pola que sustituyó en el cargo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al hallarlo culpable de intromisión ilegítima en su derecho al honor.
El registrador consideraba que el letrado vulneró su derecho al honor al insinuar en medios de comunicación que pudo llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "para constar como registrador en Santa Pola (Alicante)" cuando le sustituyó en 1990, pero que el líder del PP "siguiera percibiendo parte de su sueldo".
El registrador de la propiedad presentó una demanda por la que se reclamaba que se declarara la producción de una intromisión ilegítima en su honor, intimidad y propia imagen y como consecuencia, la existencia de un daño moral por el cual se condenara al demandado al pago de 100.000 euros.
Por contra, el demandado se opuso esgrimiendo como motivos que Riquleme no ostenta la legitimación activa por tratarse de una demanda para defender el honor de Rajoy, y que las expresiones se emitieron en el ejercicio de la libertad de expresión, sin tener carácter difamatorio. Además, defendió que las mismas "son veraces y que no se aportan datos sobre la difusión de las entrevistas para evaluar el monto del perjuicio".
En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza cree que entre la ponderación del derecho al honor de Riquelme y de la libertad de expresión del abogado, tras la valoración de la prueba practicada, se ha estimar la prevalencia del derecho al honor "por el manifiesto descrédito al que su integridad personal y profesional se vio sometida por las opiniones del demandado", al considerar que las expresiones son "difamantes".
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia y posterior recurso de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo.
El condenado recurrirá la sentencia
En este sentido, el abogado condenado ha valorado la sentencia "como un acto de expresión del caciquismo judicial" que "transmite el mensaje de que pedir que se investiguen los trapos sucios de Rajoy tiene pena de multa de 30.000 euros". Así, ha anunciado que recurrirá en apelación ante la Audiencia y "su fallo queda en suspenso".
EUROPA PRESS
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