El Juez José Castro citado a declarar a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo el 8 de marzo, según un auto dictado este mismo martes.
PALMA DE MALLORCA, 06 (EUROPA
PRESS)
La decisión está avalada
únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias,
ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios
Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan
sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
Ya el pasado mes de abril el
juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos
delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si
bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto
esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese
investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el
magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.
Y es que, según el tribunal,
tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por
ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos
-que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos
supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son
cotitulares.
El tribunal recalcaba así que
el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no
se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos
particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su
posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos
fondos.
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