La actividad de la Justicia ha experimentado un
descenso generalizado en la entrada de asuntos en los últimos años, mejorando
la carga de trabajo y la capacidad de respuesta de los órganos judiciales.
La Justicia en España no es tan mala como la
pintan, al menos hasta que se dicta sentencia. Sin embargo, el problema llega a
la hora de ejecutar lo dictado por los juzgados y tribunales. Es aquí donde se
produce el mayor colapso de nuestro sistema judicial generando altos niveles de
descontento y frustración entre los ciudadanos que, a pesar de haber ganado una
batalla legal, no logran ver los efectos prácticos de su éxito judicial.
Los datos no dejan lugar a dudas. Más de la mitad
de las sentencias en España, concretamente el 54,27%, no se ejecuta en plazo.
Así se desprende de los datos del Informe 2013 del Observatorio de la Actividad
de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, presentado ayer en Madrid.
Además, el problema, lejos de remitir, parece aumentar con los años, con un
incremento del 2,4% respecto a los datos del mismo estudio del año pasado.
Según se explica en el informe, este es
tradicionalmente uno de los peores indicadores de la actividad de la Justicia.
Señala que, a pesar de que la reforma procesal del año 2010 trasladó una parte
de las competencias en la ejecución de sentencias a los secretarios judiciales,
no parece que este cambio esté produciendo los efectos esperados por el
legislador en lo que al número de ejecuciones resueltas se refiere.
Además, según el informe, parece sorprendente que
con la nueva regulación de las competencias de los secretarios judiciales en la
ejecución de resoluciones firmes, haya habido una posterior regulación del
Poder Judicial que incluye como carga de trabajo de los jueces y magistrados
esta misma competencia. Actualmente está en tramitación una reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil cuyo objetivo es atajar el problema del atasco en las
ejecuciones, otorgando nuevas competencias en esta materia a los procuradores.
Menos asuntos
Estos indicadores de la actividad de la Justicia,
que se refieren a los datos del año 2012, muestran un descenso más o menos
generalizado de la litigiosidad. Sin embargo, parece que esto se debe más a una
caída del número de asuntos que entran en los órganos judiciales que a un mayor
número de casos resueltos.
Según los datos del informe, la entrada de casos
se ha reducido de forma generalizada en todas las jurisdicciones (menos en lo
social, donde ha crecido un 5,15%), y llama especialmente la atención lo
contencioso, que ha experimentado un descenso del 22,74%. Este hecho se explica
por una importante reducción de asuntos de extranjería, que en su día llegaron
a representar el 40%, así como por las reformas procesales en materia de costas
y la derivación de determinados asuntos de lo contencioso a lo social.
El descenso en el número de asuntos que ingresa
en los tribunales no es nuevo. Se trata de una tendencia de los últimos años,
en los que se ha pasado de 9.567.279 en 2009, a 8.848.535 en 2012. Con ello, la
carga de trabajo que asumen los jueces mejora respecto a años anteriores: el
número de asuntos que exceden los que pueden asumir los órganos judiciales se
reduce del 13,71% de 2011, al 11,83% de 2012.
La cantidad de asuntos resueltos, sin embargo, no
ha mejorado. Mientras que en 2011 la Justicia logró resolver 9.143.077, en 2012
la cifra ha bajado a 9.050.980.
Duración de los procesos
En cuanto a la duración razonable de los
procesos, se ha experimentado una mejora del 4,76%, al tiempo que el número de
órganos judiciales que alcanzan o superan el rendimiento exigible supera el 85%.
En el apartado de jueces y magistrados, el
estudio revela que el número de sentencias dictadas por miembros de la carrera
judicial también aumentó el año pasado, representando ya un 84,62%. Además,
desciende el número de nuevas plazas de jueces que sería necesario crear para
asumir toda la carga de trabajo: de las 427 plazas que se requerían hace un año
a 350.
Por último, respecto a la confirmación de
sentencias, los datos también son favorables. En apelación y suplicación se
ratifica el 77,6%, y en casación el 87,85%.
En
conjunto, la evolución global de todos estos indicadores muestra una ligera
mejora de la actividad de la Justicia.
Fuente: http://www.expansion.com/2013/12/05/juridico/1386268093.html
La
resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Gullón, revoca la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimó
el recurso de la empresa, Transhotel Palmeras S.A. contra una sentencia
anterior que había dado la razón al trabajador y la condenaba a indemnizarle
con 94.789 euros.
