El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) ha exigido este lunes la supresión del primer examen nacional que les permite ejercer como abogados y procuradores y que tendrá lugar este sábado en Madrid. A su juicio, el Gobierno ha establecido pruebas que no aportan ningún "valor añadido", sino que retrasan "injustificadamente" el acceso a su profesión.
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El
colectivo ha recordado que en un principio colaboró "activamente" a
la implantación de esta prueba, pero ahora mismo solo puede manifestar un
"profundo rechazo" por haberse convertido en un "verdadero
obstáculo" a la colegiación.
El
presidente de CONEDE, Alejandro Soto, cree que un examen de estas
características supone un "cuestionamiento de la calidad" de la
formación impartida en las diferentes universidades y no cuenta con precedentes
similares en la Unión Europea.
"Los
países de nuestro entorno exigen una formación de postgrado, la realización de
un período de prácticas o la habilitación por parte de un colegio de abogados,
la realización de uno o varios exámenes de Estado, o una combinación de las
anteriores; pero en ningún caso todas ellas al mismo tiempo", ha
explicado.
PIDE
MÁSTERES DIFERENCIADOS PARA ABOGADOS Y PROCURADORES
El
Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho ha demandado así que se mantengan
los másteres diferenciados de la Abogacía y la Procura como paso previo a la
colegiación en su respectiva institución, así como la inmediata supresión de la
prueba convocada el próximo 28 de junio en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.
"A
apenas unos días de la celebración del primer examen, se sabe con certeza que
es voluntad del Ejecutivo, de nuevo, modificar la estructura y/o contenidos de
dicha prueba para las próximas convocatorias", ha criticado en un
comunicado.
El
Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho ha recordado que en los últimos
tiempos ha mantenido encuentros con responsables del Ministerio de Economía y
Competitividad, con el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo
General de Procuradores de España para estudiar una posible reforma legislativa
de la Ley 34/2006 para suprimir definitivamente dicha prueba, mediante su
oportuna previsión en la nueva Ley de Servicios Profesionales.
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